Presentar una lista fantasma en un pueblo, con un solo candidato que no viva en esta población es legal. La Ley orgánica de régimen electoral general (Loreg) no sólo lo permite, sino que lo pulsaba. El artículo 193.2 establece que “por cada provincia, aquellos que concurran a las elecciones en, al menos, el 50% de los municipios, podrán gastar, además, otros 150.301,11 euros por cada una de las provincias en que cumplan la mencionada condición”. Esto quiere decir que el PSC y el PP, cobrarán de las arcas públicas del Estado, al margen de si obtienen un solo voto o no en estos municipios -esta subvención, a diferencia otros, no está vinculada a los resultados-, 601.244,44 euros cada uno. Es decir, que las listas fantsma del PSC y el PP sólo en Catalunya, 145 y 140 respectivamente tal y cómo ha publicado El Singular, costarán en todos los contribuyentes 1.202.488,44 euros.
Pero más allá del negocio económico directo, la apuesta de estos dos partidos se traduce también en un intento de controlar Diputaciones. Cómo explica el profesor de Derecho Constitucional de la UB Josep Maria Reniu, “estas listas fantasma, totalmente legales pero inmorales, les sirven para rascar votos en cada partido judicial, y esto es clave para conseguir diputados provinciales. Los consejos comarcales no les interesan”.
De hecho, la ley española establece que «un golpe constituidos todos los ayuntamientos de cada provincia, las juntas electorales de zona hacen una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones de electores que hayan obtenido al menos un concejal dentro del partido judicial, ordenándolos en orden decreciente según los votos obtenidos por cada uno. Una vez hecha esta operación, la junta electoral de zona hace el reparto de los lugares que corresponden en cada partido judicial a las formaciones políticas mediante el procedimiento de la ley de Hondt, según el número de votos obtenidos”. Por lo tanto, como señala Reniu en el Singular, “las listas fantasma pueden ser clave en el reparto de poder de las diputaciones, especialmente la de Lleida, Girona y Tarragona, donde más listas fantasma hay».
Reniu apunta que esta situación de inmoralidad se podría resolver “sólo cambiando una veintena de palabras de la Loreg, que da cobertura legal a todas estas trampas, en Catalunya y en España, porque permite que cualquier persona pueda ser elegida aunque no haya pisado un pueblo, y en cambio obliga el elector a estar empadronado en un municipio para poder votar, sólo en aquel municipio, está claro”. De hecho, el proyecto de ley electoral catalana con que trabaja el Parlamento de Catalunya ya contempla una restricción para evitar estos fraudes democráticos, y establece que para ser candidato, hay que estar empadronado al municipio con un mínimo de 6 meses.
